Economía Crítica Málaga

Universidad de Málaga

¿De verdad están en peligro las pensiones?

Pensiones

Las pensiones públicas están amenazadas, y es momento de revelar todos los aspectos sobre los que nunca se debate a pesar de su importancia

Estos días he leído bastantes noticias en internet sobre la insostenibilidad de las pensiones, y he vuelto a comprobar cómo se da por hecho que el envejecimiento de la población es un factor que obligará necesariamente a reformar las pensiones. Según me cuentan, el acoso de este discurso es por televisión aún mayor y, por supuesto, de alcance mucho más amplio. Por todo ello, tenemos a casi todo el mundo pensando que su futuro será incierto y que, para comenzar, hay que hacer trabajar a todos mucho más y, si es posible, incluso avanzar en la privatización del sistema.

La crisis está siendo el parapeto tras el que se esconden todos aquellos que proponen medidas que provocan una mayor regresión social. En los últimos meses hemos visto cómo se proponía el despido libre, la flexibilidad de horarios (aún más), el descenso de las cotizaciones, la moderación de los salarios y la prolongación de la jornada laboral, entre otras. Ahora se suma la prolongación de la vida laboral, algo que está vinculado estrechamente al debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Pero, ¿qué hay de verdad en estas tesis catastrofistas?

En primer lugar cabe recordar algo sencillo pero que no todo el mundo sabe: las pensiones pueden ser de dos tipos, contributivas y no contributivas. Las primeras se calculan a partir de las cotizaciones sociales que cada trabajador va “ahorrando” forzosamente, de tal forma que su pensión final dependerá de la cuantía de esas cotizaciones y de su cantidad. Es decir, cuanto más haya trabajado y cuanto más alto haya sido su salario mayor será su pensión. Hay que recordar que las cotizaciones sociales son parte del salario, no una cesión generosa de los empresarios. Y las pensiones no contributivas se establecen por ley y se financian por impuestos: son para todos aquellos trabajadores que no hayan cotizado suficiente a lo largo de su vida laboral o que directamente no hayan trabajado. Dicho esto tenemos que los fondos totales de la seguridad social se financian en su mayoría a través de las cotizaciones sociales, siendo una parte muy pequeña la que financian los impuestos.

Por otra parte hay que decir que en España el sistema actual es de “reparto”, lo que quiere decir que las cotizaciones de hoy financian las pensiones de los trabajadores de ayer y las pensiones de los trabajadores de hoy las financiarán las pensiones de los trabajadores de mañana. La alternativa es el sistema de “capitalización”, en el cual se detrae una cantidad del salario y que se invierte, normalmente en activos financieros, y se revaloriza hasta que cada trabajador se jubila. Entonces, en este sistema alternativo (propugnado por los liberales) cada trabajador recibe una pensión a partir de sus ahorros revalorizados.

Lo que se está diciendo en los debates actuales en en gran parte cierto. Si los pronósticos son válidos tendremos un menor número de cotizantes por cada persona jubilada con derecho a pensión, lo que producirá un desequilibrio entre los ingresos (cotizaciones) y gastos (pensiones). Pero claro, ese análisis da por hecho que todos los demás factores que afectan a dicho equilibrio permanecen invariables, cuando no es así. Y algunos de esos factores son el empleo, la economía sumergida, el nivel de los salarios, etc.

Con mayores tasas de paro nos encontraremos con menores ingresos (cotizaciones), y de la misma forma ocurre cuando una gran parte de la población tiene su actividad en la economía sumergida (que en España se dice llega al 20% del PIB), ya que esas personas ni pagan impuestos ni cotizan a la seguridad social. Similar es el efecto sobre los salarios, al calcularse las cotizaciones totales a partir de la cuantía de los salarios, ya que menores rentas salariales suponen menores ingresos para el equilibrio de las pensiones.

La cuestión es clara ahora: si lo que se quiere es asegurar el equilibrio financiero de las pensiones se puede hacer políticas de izquierdas influyendo sobre variables como las ya comentadas. Un aumento del empleo, de los salarios reales, una mejor distribución de la renta, y una campaña contra el fraude (comenzando por las empresas de la CEOE, cuyo presidente no paga las cotizaciones sociales). Y, además, en caso de querer ampliar dichas medidas también puede financiarse los fondos a través de nuevos impuestos. Nuevos impuestos que no tienen que ser necesariamente al trabajo, como algunos han insinuado estos días.

¿Qué pasa entonces con el problema de alargar la vida laboral? Algunas personas consideran que la esperanza de vida ha aumentado desde que se instauró el sistema y que entonces es razonable aumentar la vida laboral. Este argumento da por hecho demasiadas cosas que no están claras. La primera, muy clara en algunos artículos de Vicenç Navarro, es que la esperanza de vida puede subir por un descenso en las tasas de mortalidad infantil y no necesariamente por una vida media más larga. La segunda, que no todas las ocupaciones son iguales y que no es el mismo el deterioro ni la calidad de vida de un trabajador de la obra que del presidente de la CEOE o de los economistas liberales que prescriben sus recetas sentados en una silla ergonómica.

Lo razonable es la recomendación de Navarro, es decir, permitir que los trabajadores que quieran alargar su vida laboral lo hagan, pero asegurar en todo caso niveles dignos de pensiones para todo el mundo y que, en consecuencia, nadie se vea obligado a seguir trabajando más allá de los 65 años para asegurarse el futuro.

Entonces, ¿por qué se habla de privatizar el sistema de pensiones? Pues sencillamente porque es un negocio espectacular que en España aún no ha caído en las manos de las entidades financieras. Esos fondos, administrados por los bancos, podrían significar un gran negocio en el sistema financiero a través de los inversores institucionales. En un sistema privado de capitalización los ahorros de las personas en vez de financiar las pensiones de hoy (como ahora ocurre en España) se irían a un fondo de pensiones individualizado en algún banco, pero ese dinero se movería por el sistema financiero especulando y buscando revalorizarse. Al terminar la vida laboral, como decía antes, volvería al propietario del fondo de pensiones habiendo dejado una cuantiosa comisión al gestor del fondo, es decir, al banco. No hace falta imaginar la cantidad de dinero que se podría mover en ese caso, y que ya se está moviendo en planes privados de complemento (ya que aunque no son dominantes hoy ya existen).

Ahora no es difícil darse cuenta de quiénes financiaban los estudios de proyecciones de viabilidad del sistema de pensiones (¡todos erróneos!): los grandes bancos. Los principales estudios liberales venían del servicio de estudios del BBVA, ni más ni menos, y algunos de ellos eran escritos por Taguas, anterior secretario de Estado de Economía por el PSOE y actual representante de las empresas constructoras españolas. ¿Casualidad?

Salud, Amor y Rebeldía,
Alberto Garzón Espinosa

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