Economía Crítica Málaga

Universidad de Málaga

El mundo al revés

mundoalrevesLas medidas de ajuste propuestas en el Congreso de los Diputados por el presidente del gobierno español el pasado 12 de mayo suponen un punto de inflexión drástico en el transcurso de la crisis en nuestro país. Entre estas decisiones se encuentra la reducción de los sueldos en el sector público, la suspensión de la revalorización de las pensiones para 2011 (excluyendo las mínimas), y la eliminación de la prestación por nacimiento a partir del 1 de enero de 2011 (comúnmente denominada “cheque bebé”). Este nuevo rumbo en la política económica no hace otra cosa que demostrar un rotundo fracaso en el proceder de un gobierno que se califica como “socialista”. Tras años de luchas y conquistas sociales por parte de los trabajadores de nuestro país en materia de derechos laborales y sociales, ha tenido que ser un gobierno supuestamente de izquierdas el que, de un plumazo, haya terminado con una parte importante de ellas.

Los propulsores de estas medidas insisten en la necesidad de las mismas, alegando un mal inevitable que hay que atravesar para superar esta época de recesión. No existe mayor falsedad en este argumento tramposo. Por supuesto que existen alternativas, y no son pocas ni insignificantes. Incluso son conocidas por los mismos dirigentes que las niegan, puesto que determinadas medidas que reducirían el déficit público eran aplicadas antes de que este mismo gobierno las aboliera. Y es que es absolutamente indignante e irritante que el mismo consejo de ministros que en 2007 anuló el Impuesto sobre el Patrimonio proponga hoy como única alternativa para reducir el déficit del Estado la reducción del gasto público perjudicando de esta forma a funcionarios, pensionistas y madres en dificultades. Hay que resaltar que en ese mismo año el Impuesto sobre el Patrimonio recaudó una cifra cercana a los 2.200 millones de euros, que representan 200 millones de euros más que la congelación de pensiones y el endurecimiento de las condiciones para la pensión parcial.

Si estamos en crisis y se necesita reducir el déficit de las arcas públicas se puede proceder a través de dos vías de actuación: reducir la magnitud de los gastos o aumentar la cuantía de los ingresos. Parece lógico que mientras se puedan incrementar los ingresos públicos de una forma adecuada y factible, resulta ultrajante meterle mano a unos gastos públicos que no sólo son indispensables para que una inmensa proporción de la población disfrute de una vida digna, sino que forman parte de los derechos sociales recogidos en la legislación española. Que el gobierno español haya evitado la segunda de las vías y que se haya dedicado de lleno en la primera es toda una señal que demuestra que prefiere meterse con los más desfavorecidos antes que con los poderosos y acaudalados.

En ningún momento el ejecutivo español se ha planteado la posibilidad de extraer recursos de las grandes fortunas, de aquellas personas que en definitiva han sido los mayores responsables de la crisis financiera y económica actual (banqueros, especuladores y otros individuos del mundo financiero). Existen muchas alternativas al problema que dejan intacto los derechos de las capas populares. Una medida que debería ser acuciante pero que no lo es, es la lucha contra el fraude fiscal en nuestro país que, según estimaciones de la Agencia Tributaria, sacaría a la luz de las arcas públicas hasta 10.000 millones de euros por año; es decir, 4.000 millones más que la reducción y congelación de los salarios de los empleados públicos.

Otra actuación podría ser el aumento de la tributación del 43 al 50% en el tramo último del IRPF (el que afecta a las rentas más altas y que año tras año ha ido disminuyendo como consecuencia de las políticas de los últimos gobiernos), que permite aumentar la recaudación fiscal en 2.500 millones de euros, es decir 1.250 millones más que la eliminación del cheque bebé.


Otras medidas que permitirían reducir el déficit público son:
el aumento de la tributación de las sociedades financieras y de las empresas que cotizan en Bolsa o que sin cotizar tienen más de 250 trabajadores, las tasas sobre transacciones en Bolsa, incremento de recaudación del IVA por utilización en consumo de billetes de 500 euros, reducciones de la Iglesia Católica y de la Casa Real, retirada de tropas en Afganistán, reducción del gasto militar…

Pero claro, muchas de estas decisiones atentan contra el poder económico de las clases más pudientes y el gobierno actual nunca se atreverá a adoptarlas ya que no es su intención enojar a este tipo de personalidades. El ejecutivo prefiere castigar a las clases menos favorecidas mediante reducciones de salarios, congelación de pensiones y retirada de prestaciones públicas. Quien siga pensando que este gobierno es de izquierdas cuando prefiere que sufran las capas populares antes que las grandes fortunas debería empezar a replantearse sus nociones de términos.

Es el mundo al revés. A mí en el colegio me enseñaron que quien rompía algo lo tenía que pagar. O que quien pegaba a un compañero luego debía pedirle perdón. En el mundo actual las cosas no funcionan así. Quienes han provocado la crisis no han pedido perdón, ni tampoco la están pagando. La están pagando aquellas personas que menos han tenido que ver con el estropicio. Y lo curioso es que muy pocos ponen el grito en el cielo por ello. Parece que les da igual que se esté produciendo este indignante atropello. Agachan la cabeza y aceptan el castigo, porque han sido convencidos de que son ellos quienes tienen que pagar los platos rotos. Me pregunto si de pequeños hubiesen actuado de la misma forma en el colegio en el supuesto de que hubieran sido castigados por algo que hubiese cometido el compañero de al lado.

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